El desprecio que manifiesta el presidente López Obrador por la experiencia profesional y el conocimiento no es entendible. Sin embargo, cuando una opinión personal, -como las expuestas por el presidente López Obrador-, se integra al planteamiento legislativo, empiezan los riesgos. La reforma judicial debería estar considerando endurecer los controles para impedir la llegada de funcionarios, -o sea jueces, magistrados o ministros-, susceptibles de ser corrompidos, o faltos de carácter frente a las presiones y amenazas de las mafias del poder. Sin embargo, la iniciativa presidencial va en sentido contrario: la relajación de los controles, con lo cual cualquier persona, -incluso con malas intenciones-, puede acceder a un cargo para impartir justicia. Evidentemente la preselección, -según la presente reforma judicial-, seguramente llevará “mano negra” y se seleccionarán jueces y magistrados recomendados de la 4T que garanticen incondicionalidad al gobierno en turno.
