Salió en libertad en noviembre del año pasado y hoy es gerente de una distribuidora, proveedora del Estado y presta servicios comunitarios para saldar la deuda que tiene con la justicia. Esta medida correctiva fue puesta hoy en practica con 1.565 ex reclusos y sentenciados en 12 ciudades del país. “Si estas 1.565 personas estuvieran en prisión le costarían al Estado más de 4 millones 500 mil soles al año, solo en alimentos y salud”, dijo Carlos Vásquez. La mayoría de los que hoy prestan servicios comunitarios saben que le hicieron daño a mucha gente inclusive a su propia familia. Vásquez Ganoza, indicó que la sociedad tiene que saber que existen penas alternativas al encierro que establece el Poder Judicial y que el INPE hace cumplir, una de ellas es la prestación de servicios a la comunidad.

Source: La Republica May 04, 2018 23:48 UTC