En primera votación, el pleno del Congreso aprobó el dictamen que propone que los condenados con sentencia firme por terrorismo y apología de ese delito no puedan trabajar en el sector público, refrendado previamente por unanimidad en la Comisión de Fiscalización. Antes de la votación, el titular del mencionado grupo de trabajo, Rolando Reátegui, presentó un texto sustitutorio en el que fueron incluidos otros delitos al proyecto. El dictamen fue aprobado con 68 votos a favor y cuatro en contra. La ley entrará en vigencia 90 días después de su publicación, con la finalidad de que las instituciones adecúen su procedimiento de selección de personal. “En caso de que el trabajador se encuentre comprendido en algunos de los supuestos señalados [los delitos] y mantenga vínculo laboral con el Estado, bajo cualquier modalidad, este vínculo deberá ser resuelto”, detalla el texto sustitutorio.

Source: El Comercio May 03, 2018 23:26 UTC