Como se sabe, este rompimiento vino luego de que un matrimonio que participó a principios de septiembre en la toma de la presa La Boquilla, inconformes por el trasvase de agua a los Estados Unidos, fue atacado a tiros presuntamente por parte de elementos de la Guardia Nacional, cuando regresaban a su comunidad a bordo de su camioneta, provocando su muerte. Este hecho, tensó aún más las de por sí ríspidas relaciones entre el gobierno federal y el de Chihuahua y por las críticas a la GN, el gobierno federal abandonó las reuniones cotidianas de seguridad. Habrá que ver, pues, cómo se reestablece la coordinación policial entre el gobierno federal y el de Chihuahua, primero, y después cómo responde el gobierno de la 4T a los reclamos que en materia de seguridad le hicieron en bloque estos 10 gobernadores, que temen que en sus estados pueda darse una situación similar por las diferencias políticas. Las autoridades de los tres niveles de gobierno están obligadas a hacer a un lado las disputas políticas y cumplir su obligación constitucional de dar seguridad a los ciudadanos como la principal tarea del Estado, que están lejos de cumplir, y que en vez de mejorar podría venir a peor si los intereses político partidistas se imponen por el actual proceso electoral. jbarrerar@gmail.com

Source: EL Informador September 28, 2020 11:48 UTC