El pasado martes 16, cuando el cuerpo sin vida de Guadalupe Campanur fue encontrado en el kilómetro 15 de la carretera michoacana que une la localidad de Carapan con Playa Azul, la defensora del medio ambiente –quien tenía 32 años de edad y era de origen purépecha– se convirtió en la novena persona dedicada a esas actividades asesinada en México en los 24 meses recientes. Pasó también a ocupar el número 49 en la extensa y lamentable lista de activistas victimados en lo que va del presente gobierno, según cifras de la organización internacional Global Witness. Inserto en el contexto de la tétrica numeralia que da cuenta de la violencia en el país, el registro de hombres y mujeres que por defender derechos sociales elementales han perdido la vida a manos de criminales casi siempre impunes cobra las dimensiones de una verdadera tragedia. Tras la muerte de los medioambientalistas que trabajan por la preservación de los bosques, las tierras y otros bienes naturales que debieran ser comunes a todos, se proyecta la sombra de apetencias de lucro materializadas en agrupaciones o corporaciones que quieren allanarse a como dé lugar el acceso a esos recursos. Son asesinados porque se oponen a la tala inmoderada de los bosques, al uso irresponsable de cauces y lechos acuíferos, a la instalación de complejos industriales diseñados a despecho del entorno; a la extracción, en suma, de riqueza sin mesura ni control.

Source: La Jornada January 20, 2018 11:37 UTC