Ahora resulta que el caos político tiene su “orden legal” e inclusive su “orden constitucional” para destituir a un presidente y designar a su sucesor. Es tal el caos político respecto de la separación de poderes que no sabemos si vivimos en un sistema presidencialista o en otro parlamentarista. Todo el tiempo nos rasgamos las vestiduras frente a la minería ilegal y el crimen organizado, mientras todo el tiempo convalidamos el caos político amparado en su propio “orden legal”, que no es precisamente el constituido y legítimo de nuestra estructura institucional. Pero, mal que nos pese, este prefabricado “orden legal” termina imponiéndose como tal y adquiriendo plenos derechos, como el “derecho” a postular a la presidencia con sentencia penal no declarada y con desbalance patrimonial no explicado, sin que al JNE se le mueva una ceja. Como lo acaba de advertir Fernando Rospigliosi en su columna de ayer en “Expreso”, la institucionalidad del país, de la que no es ajeno De Soto pero sí Balcázar, atraviesa el grave e inminente riesgo de desplomarse, devorada por el prefabricado “orden legal” del caos político, tan contagioso que cada quien persigue romper fácilmente las frágiles reglas del sistema democrático.

Source: El Comercio February 24, 2026 16:31 UTC