El “huachicol fiscal” —evasión al fisco mediante el contrabando de combustibles— habría costado, hasta ese momento, 600 mil millones de pesos a las finanzas públicas. Al margen de que haya o no denuncias formales, la situación obligaría al gobierno, en cualquier democracia sana, a investigar de oficio. Conoce muy bien los riesgos de investigar esas desviaciones, él mismo fue delegado del Bienestar (bit.ly/4c41hSt). El escándalo del “huachicol fiscal” revive inquietudes sobre los peligros en torno al involucramiento del dinero del crimen organizado en los procesos electorales. En síntesis: el objetivo no es derribar al régimen, sino impedir que la falta de investigación termine por debilitar irreversiblemente la democracia.

Source: Diario de Yucatán February 22, 2026 07:09 UTC