La organización Iniciativa Sinaloa, a través del trabajo como testigo social de Marlene León, detectó diferentes irregularidades en el proceso de licitación de la obra de sustitución del Centro de Salud Urbano a cargo de la Secretaría de Obras Públicas. La entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas adjudicó de manera directa a la empresa Ingeniería de Negocios Sostenibles en 2016 el contrato por 144 millones 400 mil pesos, para la construcción del Centro de Justicia Penal en Culiacán. Dicho artículo señala que “quedará prohibida la participación en procedimientos de contratación, la recepción de propuestas y la adjudicación de contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, de las siguientes personas físicas o morales: XI. El documento avala la restricción del testigo social. En un inicio, dicha figura permitía al ciudadano previamente inscrito en el padrón, vigilar cualquier licitación mayor a los 400 mil pesos, y tras la iniciativa de Valle Sandoval, el monto subió hasta 90 millones de pesos.

Source: Ríodoce July 23, 2019 17:26 UTC