Apenas la semana pasada, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos volvió a sancionar un nuevo esquema de fraudes en tiempos compartidos cometido por empresas asentadas en Puerto Vallarta, en las que incluso involucró a un hijo del ex gobernador Carlos Rivera Aceves. De las fechorías cometidas en los últimos días en Puerto Vallarta, como la quema de negocios, edificios públicos y privados, gasolineras y automóviles para bloquear vialidades y tramos carreteros, lo que más ha preocupado al gobierno federal es el ataque a la cárcel estatal de Puerto Vallarta, en el que murió un custodio y liberaron a 23 peligrosos delincuentes, cuyas fichas exigieron ya al gobierno estatal. Se trata de sentenciados y procesados que van desde los 20 hasta los 60 años. Que son de Jalisco y otras entidades, incluso hay un colombiano. Por los delitos por los que fueron encarcelados y el tiempo que llevan presos, presumen que son miembros del grupo criminal que los liberó luego de dar el portazo con un auto con blindaje artesanal en las puertas de la prisión.

Source: EL Informador February 25, 2026 13:06 UTC