De acuerdo con la familia, desde el diagnóstico médico se estableció la necesidad de la intervención quirúrgica. Sin embargo, el procedimiento se ha retrasado por presuntas irregularidades administrativas y por la falta de autorización de PEMEX para subrogar el servicio con un hospital de tercer nivel. La familia relató que el 15 de enero el paciente fue prácticamente desahuciado, al informarles que tenía pocas horas de vida e inducirlos a rechazar la intubación. El pasado viernes 6 de febrero, el paciente fue nuevamente trasladado al HRAE bajo el argumento de que sería intervenido quirúrgicamente. La familia cuenta con acompañamiento legal del Grupo Prosa, integrado por jubilados de PEMEX, quienes impulsaron el amparo judicial.

Source: Diario de Yucatán February 10, 2026 21:35 UTC