Incumple con la ley megacontrato regio02 min 30 segÁngel CharlesHora de publicación: 05:00 hrs. Abogados y expertos financieros aseguraron ayer que el contrato millonario dado por la Administración regia del priista Adrián de la Garza, por 30 años, para la generación y suministro de energía, comprometiendo los ingresos del Predial, constituye un financiamiento y debió ser realizado bajo el esquema de una Asociación Público Privada.Señalaron que este contrato -por 7 mil 371 millones de pesos- se justifica en el Artículo 200 de la Ley de Gobierno municipal, que hace referencia a la autorización para otorgar garantías de pago.Sin embargo, este artículo corresponde al capítulo de deuda pública municipal, por lo que el contrato, al otorgar como garantía el impuesto Predial, se convierte en un financiamiento.Ante esto, detallaron, debió usarse un esquema de APP para poder concretar el proyecto, que abarca el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera y la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado.Al tener que cumplir con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera, la autoridad municipal debió registrar el monto del proyecto como deuda ante la Secretaría de Hacienda federal, además de que el inicio de la construcción del proyecto estará condicionado a que sea autorizado el registro de los pasivos.Además, para cumplir con la Ley de APP, el Ayuntamiento regio debió haber pasado esta petición de financiamiento por el Congreso local e inscribirla ante el Estado. "Lo correcto sería iniciar un juicio de lesividad para nulificar el contrato", concluyeron abogados.El 26 de julio pasado, EL NORTE reveló que el Gobierno de De la Garza firmó el 30 de marzo del 2020 un contrato para un parque solar en Cerralvo para la generación y suministro de energía eléctrica, a pagarse a 30 años.Ese día, el Alcalde electo, Luis Donaldo Colosio, de MC, aseguró que el contrato se lo ocultaron en la transición.Una investigación de EL NORTE con documentos del Registro Público halló que las empresas Maiz Mier, Next Energy de México y Eólica de Santa Catarina, a las que les fue otorgado el contrato, comparten lazos familiares, socios, administradores y hasta inversiones.Además se reveló que dos empresas del consorcio han sido cuestionadas en el pasado por municipios metropolitanos por incumplir con los ahorros prometidos en el suministro de energía, y que la planta solar carece de los permisos federales y energéticos, motivo por el que va retrasada su construcción, que debió concluir en marzo pasado.Actualmente, este consorcio construye una planta fotovoltaica en Baja California bajo un esquema de APP.

Source: El Norte August 03, 2021 09:56 UTC