CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- En 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dejó en el aire las promesas de invertir en Centroamérica para detonar el desarrollo y evitar así la migración forzada, pues la Cancillería desatendió la Estrategia de Cooperación Financiera para países de Centroamérica y el Caribe (ECFPMC) y gastó sus fondos en la modernización de 10 centros de detención migratoria en México y en costos de deportación, según determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Al analizar la Cuenta Pública 2019 –del primer año de gestión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador--, la ASF fiscalizó la aplicación de la ECFPMC, la cual nació durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, con el objetivo de financiar programas y proyectos de infraestructura en Centroamérica. A la par de tomar las riendas de la política migratoria, la SRE también obtuvo el control del Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe, el brazo financiero de la ECFPMC, al que renombró "Fondo México". Su gestión pasó a las manos de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), controlada por Laura Elena Carrillo, una incondicional de Ebrard. En abril de 2020, la AMEXCID solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que exentara el Fondo México de desaparecer, como parte de la política de erradicación de los fideicomisos públicos federales impulsada por la presente administración; sin embargo, la dependencia a cargo de Arturo Herrera Gutiérrez le negó la excepción.

Source: El Mañana February 22, 2021 04:52 UTC