El examen deja de preguntar si algo se ajusta a la Constitución y empieza a formular, implícitamente, otra cosa: ¿esto corresponde a la voluntad presidencial ya incorporada al texto? Acá el “parámetro específico” se construye desde la exposición de motivos presidencial; en Venezuela, el TSJ moldeó sus decisiones hasta convertir la voluntad política en criterio jurídico. El problema surge cuando se eleva la voluntad política a una base para afirmar que una norma “no podía ser otra cosa” que lo que el Presidente quería. Ese razonamiento es circular: parte de la voluntad para concluir que esa misma voluntad es constitucional. La pregunta en 2026 es si la Corte está dispuesta a seguir tomando como parámetro la Constitución y no el ánimo del gobernante.

Source: Excélsior January 31, 2026 02:28 UTC