▲ En imagen de archivo, habitantes wixárikas durante una asamblea donde se acordaron acciones para la defensa del territorio sagrado de Wirikuta –que se ubica entre los estados de Nayarit, Durango, Jalisco, Zacatecas y San Luis Potosí–, frente al despojo que llevan a cabo empresas mineras y la agroindustria. Con la resolución del juicio de amparo 819/2011 dictada por Galeana Jiménez –jurisconsulto electo en la reciente renovación del Poder Judicial potosino–, se anulan esas concesiones mineras, por no haber consultado a las comunidades wixáritari (plural de wixárika) antes de expedirlas. El dictamen se emitió el 27 de marzo, y en ella el juzgador también estableció que cualquier nueva concesión minera que se pretenda expedir en territorio wixárika “deberá someterse a consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada con la comunidad”. Esto garantiza que las decisiones sobre la minería respeten sus tradiciones, rituales y modo de vida, y que la comunidad pueda participar plenamente antes de que se otorguen permisos. La resolución reconoce el derecho del pueblo wixárika a proteger su territorio, su agua y su cultura frente a proyectos que puedan afectarlos, siguiendo los estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas.

Source: La Jornada March 31, 2026 16:00 UTC