Pero la respuesta del Gobierno no explica por qué, ante este riesgo extremo, "no se aplica el principio precautorio, ni justifica la continuidad del proyecto bajo estándares de derechos humanos". "En los párrafos 29 a 31, se consignan amenazas, hostigamiento, agresiones e incluso intentos de desaparición contra personas defensoras vinculadas a la oposición al proyecto". Los relatores de la ONU señalaron "en los párrafos 25 a 28 que el proyecto afecta centros ceremoniales, prácticas espirituales y formas de vida profundamente ligadas al mar y al territorio". En tanto, el negocio político-empresarial reparte pesos, despensas, promesas de empleo y "ayudas" a habitantes de la región, para crear división social y aparentar respaldo comunitario. Todo sea por el Plan México, los polos de desarrollo y el bienestar de políticos, servidores públicos y empresarios coludidos.

Source: El Siglo de Torreón January 28, 2026 11:15 UTC