En una democracia representativa, el termómetro de la voluntad popular no reside únicamente en la narrativa del Poder Ejecutivo. En nuestro sistema político, este resultado tiene una lectura jurídica y política inequívoca: la propuesta fue rechazada. Ante este escenario, insistir en pasar fragmentos de dicha propuesta por la vía de la reforma a leyes secundarias —el llamado “plan B”— sería un acto de pura obstinación. Otra cosa hubiera sido si la Presidenta, desde el inicio de su gestión, hubiera optado por negociar con todas las fuerzas políticas una reforma electoral de Estado, como había venido ocurriendo de 1964 a la fecha. De haberse ido por el camino del acuerdo, la Presidenta hoy no estaría enfrentando un revés, sino celebrando una victoria legislativa con legitimidad ampliada.

Source: Excélsior March 12, 2026 15:07 UTC