Grupos como este y otros similares pueden sufrir discriminación u actos de violencia que conlleven a la muerte, lesiones físicas o psicológicas, maltrato, violencia sexual, entre otros. Nuestro legislador penal ya ha dispuesto que los actos ilícitos motivados por el odio e intolerancia, de acuerdo a la modificación introducida en el artículo 46° de nuestro Código Penal mediante el Decreto Legislativo No. 1323 (2017), serán sancionados con la imposición de una pena concreta en el tercio final del marco punitivo. Su penalización es la respuesta de nuestro Estado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia que históricamente ha estado presente en nuestra sociedad y que ha dado lugar a un tratamiento especial en el ámbito supranacional y nacional. Este tratamiento no puede ni debe confundirse con otras situaciones de violencia que también merecen una atención especial.

Source: Expreso May 13, 2021 06:11 UTC