“Esta incertidumbre jurídica va a propiciar un desorden de no saber quién tiene los datos, quién es el responsable de los mismos”, detalló Cancino. La abogada destacó que el primer contacto del usuario será el operador, quien sólo debe tenerlos para alimentar el padrón, que estará bajo la responsabilidad del IFT. Por otra parte, destacó que las sanciones contempladas por la ley son consideradas como administrativas, cuando en la ley de datos personales son un delito. “Pareciera que el gobierno cree que es dueño de los datos personales de los ciudadanos, y que eso lo faculta a decidir qué toma y qué no”, destacó. “Para que pueda (el IFT) dar respuesta a eso necesita una herramienta tecnológica que haga ese rastreo de datos personales, de cuándo se alimentaron, quién los ha visto y demás”, detalló.

Source: El Universal May 12, 2021 09:42 UTC