Desde diversos sectores se suceden críticas al uso excesivo de la prisión preventiva, relacionadas esencialmente a la que se dispuso contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). A su turno, se ha expresado el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, pidiéndole al Congreso que revise la normativa de la prisión preventiva para alinearla con las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de los años 2013 y 2017. A su entender, en relación con esta medida, se está desplegando un populismo legal –se entiende de algunos magistrados– que hace caer en la ilusión que estamos combatiendo los delitos de corrupción. La mejor defensa de la lucha contra la corrupción depende de la idoneidad de las decisiones de sus magistrados en mérito a una evaluación racional de los hechos. Al contrario, un riesgo de este proceso es la pérdida de legitimidad del gran esfuerzo del sistema judicial, a causa de decisiones precipitadas y contrarias al contenido material de la ley.

Source: La Republica April 24, 2019 10:30 UTC