“Cada seis años las y los yucatecos somos testigos de una mala costumbre política que nos cuesta millones de pesos. Es una lucha infantil y costosa por la apropiación simbólica de los espacios públicos”, afirmó. La norma establecía que las obras y edificios gubernamentales debían utilizar únicamente colores neutros, como blanco, negro o escalas de grises. Ante esta situación, el diputado planteó reformar la legislación para que el uso de recursos públicos con fines partidistas, como pintar obras o entregar uniformes con los colores del partido gobernante, sea considerado un delito penal, independientemente del color político. Lo importante es que se termine con el uso político de los recursos públicos”, expresó.

Source: Diario de Yucatán March 05, 2026 09:03 UTC