Por su parte, la procuradora Mariana Boy Tamborrell enfatizó que, “la firma de este convenio unifica los esfuerzos de los gobiernos federal y estatal para regular de manera clara al sector porcícola. Actualmente existen granjas que cuentan con autorización de impacto ambiental de la autoridad federal y otras que cuentan con autorización de impacto ambiental estatal. Durante años, esta falta de coordinación generó vacíos que permitían que algunas empresas operaran fuera de la legalidad. Se establece, además, un Comité Técnico de Seguimiento que sesionará de forma trimestral para evaluar los avances y operación. Con este convenio, el sector ambiental federal refrenda su compromiso con una gestión ambiental responsable del sector porcícola, que garantice el cumplimiento de la normatividad, la protección de los recursos naturales y el respeto a los derechos de las comunidades.

Source: Diario de Yucatán February 11, 2026 04:35 UTC