Las movilizaciones se registraron en decenas de ciudades del país, en las que fueron claramente mayoritarias aquellas en la que se exigió que el expresidente vaya a la cárcel. Según los abogados de Lula, aún ratificada una condena en segunda instancia, como es su caso, todavía restan apelaciones en tribunales superiores y, por tanto, la pena todavía no puede ser ejecutada. Sin embargo, a esa tesis se opone una cautelar dictada por el propio Supremo en 2016, que autoriza el encarcelamiento después de que un fallo haya sido confirmado en segunda instancia. En esta causa penal, una de las siete que Lula enfrenta en los tribunales, fue hallado culpable de haberse beneficiado de las corruptelas en Petrobras mediante la cesión de un apartamento en un balneario paulista. La sentencia en la primera instancia fue de nueve años de cárcel, pero luego fue aumentada a doce en una corte superior.

Source: Excélsior April 04, 2018 16:46 UTC