20 de Abril de 2019Ricardo Alexander Márquez PadillaUna de las frases más conocidas –y pegajosas- de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, dicta que “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, sin embargo, existen elementos para pensar que no es muy claro el concepto que el primer mandatario entiende por ley. No obstante, tiene toda una oficina para asesorarlo en la materia, llamada Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y que encabeza Julio Scherer, muchas de sus acciones no se apegan al principio de legalidad, según el cual todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, es decir, cualquier funcionario público no puede hacer más de lo que permite la norma, además de que no parece ser su prioridad que ésta se aplique en todos los casos. Apenas esta semana, el Ejecutivo federal firmó un “memorándum” en el que instruye a la secretaria de Gobernación, al secretario de Hacienda y al secretario de Educación Pública a que dejen sin efectos la Reforma Educativa impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, sin embargo, no es su facultad hacerlo; el Presidente no puede decidir qué ley cumplir y cuál no. En el mismo sentido, tampoco puede pedir a su equipo, sin causa demostrada que lo justifique, que no contraten a tal o cual empresa, como ocurrió con el oficio signado por el mandatario hace un par de semanas, respecto de los distribuidores de medicamentos más grandes del país, por posibles actos de “corrupción y tráfico de influencias”, violando flagrantemente el principio de presunción de inocencia. Más preocupante aun es el hecho que apenas esta semana el Presidente declaró que priorizará la justicia —o su interpretación en torno a ella— sobre la ley, lo que en el fondo implica que estamos dando pasos hacia atrás en la carrera que ya íbamos perdiendo para el fortalecimiento del Estado de derecho, y el más grande perjudicado de esta estrategia va a ser el mismo gobierno que, poco a poco, empieza a perder las riendas de un prometedor país.

Source: Excélsior April 20, 2019 07:29 UTC