Junto con el ex presidente municipal también fueron vinculados a proceso los ex regidores Paula Carrillo Pulido, Rosana Gómez, Guadalupe Sánchez Pérez, Sebastián Santos, Alma Pérez, Jorge Verduzco, José Antonio Alejandro Javier, Víctor Jesús Sevilla y Miriam Magaña Santos. Por negarse a pagar los laudos, la suma ascendió a 38 millones 913 mil pesos en 2006 a 95 millones en 2017. La sentencia de amparo que ganaron los ex trabajadores no fue atendida por el ex alcalde Carrillo en su trienio (2013-2015), ni por el siguiente, Bernardo Barradas, quien en una acción sin precedentes en enero pasado fue destituido junto con todo su cabildo, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Barradas fue obligado a renunciar, por lo que la Cámara de Diputados declaró desaparecido el ayuntamiento y conformó un concejo municipal hace apenas una semana. La acusación de desacato de un mandato judicial, presentada por la Corte, comprende a 22 ex servidores y entre ellos a Barradas, quien se postuló como aspirante a una diputación local por el PRD, por lo que de vincularlo a proceso perdería sus derechos políticos y estaría impedido para contender.

Source: Excélsior March 06, 2018 02:03 UTC