El funcionario afirmó que esto abre la puerta para que víctimas de otros países puedan recurrir también a este proceso de reparación del daño. “Fue ocho años después de los hechos, pero por lo menos que sí haya un reconocimiento del Estado y un acompañamiento a la búsqueda de justicia”, dijo. Entendiendo que son personas víctimas de violaciones graves a derechos humanos, el reconocimiento también debe ser importante. Rochín del Rincón afirmó que esto se da en cumplimiento a la recomendación 802013 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que en junio de 2017 elevó este hecho al rango de graves violaciones a derechos humanos. En la masacre de San Fernando murieron 72 personas de Ecuador, Honduras, El Salvador, Guatemala, Brasil e India.

Source: El Universal August 22, 2018 06:56 UTC