Solo el Congreso del 2020, que retomó el periodo interrumpido por la disolución y tuvo una breve duración, tiene mayores cifras. De los 27 proyectos del congresista, 22 tienen un análisis costo beneficio desarrollado en un solo párrafo o menos. Las cifras muestran que el 57% de proyectos revisados tienen un análisis costo beneficio cuya extensión no supera los dos párrafos. “Esta justificación que ponen es una justificación económica, cuando ese no es el objetivo de tener un estudio real de costo beneficio social. El costo beneficio no debe ser económico, sino social, jurídico, de la organicidad.

Source: El Comercio December 01, 2021 00:24 UTC