Así también, que se condicione el acceso o permanencia a los beneficios de un programa social o servicio público a cambio de una firma de adhesión a un determinado proyecto”, agregó. Asimismo, la Defensoría resalta que el incumplimiento de esto puede constituir delito de peculado. Por tal motivo, expresó que la Contraloría General de la Republica y el Ministerio Público deben tomar acciones preventivas y sancionatorias para salvaguardar el uso correcto de los cargos, bienes y recursos públicos. Comunicado de la Defensoría del Pueblo. Video recomendado

Source: La Republica September 22, 2021 15:56 UTC