(Foto: Cuartoscuro )Boy subrayó que, a partir de denuncias ciudadanas y comunitarias, la Profepa abrió decenas de expedientes administrativos. “Identificamos que la granja estaba descargando aguas residuales de manera ilegal, es decir, sin contar con un permiso de descarga. Sobre la coordinación interinstitucional, la procuradora reconoció que durante años existieron vacíos y confusiones en la aplicación de la normatividad ambiental. En ese contexto, adelantó que la Profepa y el gobierno de Yucatán trabajan en un convenio para establecer una estrategia conjunta de atención a la problemática de las granjas porcícolas. Finalmente, Mariana Boy enfatizó que el desarrollo económico no puede desvincularse de la protección ambiental ni de los derechos humanos.

Source: Diario de Yucatán January 31, 2026 13:15 UTC